MILEI FIRMÓ Y ENVIÓ AL CONGRESO EL PROYECTO DE REFORMA LABORAL

La decisión se produjo apenas horas después de su regreso al país tras una breve visita oficial a Oslo, y forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo busca impulsar antes de fin de año.

El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma laboral que su gobierno denomina “Ley de Modernización Laboral” y lo envió al Congreso de la Nación para su tratamiento en el marco de las sesiones extraordinarias.

La presentación del proyecto marca un nuevo capítulo en la estrategia del Gobierno para avanzar sobre los cambios estructurales prometidos durante la campaña. Según fuentes oficiales, el texto apunta a “generar condiciones para la creación de empleo formal, reducir la litigiosidad laboral y alentar la competitividad de las empresas”, argumentos que la Casa Rosada repitió en cada una de sus comunicaciones públicas desde que comenzó a trabajar en la iniciativa.

El proyecto introduce modificaciones de amplio alcance. Entre los puntos centrales se encuentran la reducción de costos laborales, cambios en las cargas patronales, la incorporación de nuevos esquemas de contratación, la posibilidad de implementar bancos de horas y la actualización de criterios indemnizatorios. También propone ajustes sobre la negociación colectiva y ciertas obligaciones sindicales, un aspecto que en las últimas semanas generó tensiones con la CGT y otros gremios, preocupados por un eventual recorte de facultades.

A pesar de las diferencias internas que persisten dentro del propio oficialismo sobre la velocidad del trámite parlamentario, el Gobierno busca que el Congreso trate la reforma en el corto plazo. Patricia Bullrich, titular del Senado, ya inició conversaciones para acelerar la convocatoria a comisiones, aunque el poroteo legislativo aún es incierto y dependerá de acuerdos con bloques dialoguistas.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma es “indispensable” para modernizar la estructura productiva del país y mejorar la competitividad. Los opositores, en cambio, advierten que el proyecto podría flexibilizar derechos laborales históricos sin garantizar un incremento real del empleo.